Advierte el organismo empresarial que existe el riesgo “inminente” de que con la aprobación del paquete económico de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), las finanzas públicas se encaminan hacia la insostenibilidad.

Destaca el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su Análisis Económico Ejecutivo que, “aunque se argumente en la fotografía del presente que las finanzas públicas parezcan saludables, desde el punto de vista dinámico, en el tiempo, no lo son”.

Argumenta al respecto el CEESP que hay varias señales que son un indicativo del problema que tienen las finanzas públicas del país.

Entre otras, menciona que hay debilidad en las fuentes de ingreso fiscal; y sostiene que es cada vez mayor el costo del servicio de la deuda pública que, en 2023 ocupará el 13% del gasto total y superará en casi tres veces los recursos destinados a la secretaría del Bienestar, la entidad que mayores recursos recibe: 415 miles de millones de peso”.

Se hace énfasis en el Análisis Económico Ejecutivo, que “es elevado el ritmo de endeudamiento público; al respecto, agrega que el comportamiento de este factor es, final e inexorablemente, la conclusión de la evolución de las finanzas públicas”.

Al respecto, agrega que de acuerdo con las cifras oficiales del presupuesto, se anticipa que la deuda pública aumentará en 1.3 billones de pesos en 2023 y su saldo alcanzará 15.5 billones al finalizar este año.

“Será 47% mayor a la de 2018”, informó el CEESP al precisar que “no sólo es falso que no ha habido endeudamiento, sino que no se puede sostener que no sea muy significativo”.

En otro tema, señala que las reasignaciones privilegian a los programas prioritarios de esta administración, sin evidenciar su rentabilidad social, y sin incentivos para la movilidad social y para combatir la preservación de la pobreza.

Acepta el organismo encargado de la elaboración de los estudios económicos de la IP, que las reasignaciones respecto a los proyectos de gasto no ponen en riesgo el balance general aprobado previamente en la Ley de Ingresos de la Federación, pero sostiene que “sí privilegian, nuevamente, los programas prioritarios para la administración, especialmente a los que son activos políticos importantes y con vista a la contienda electoral de 2024”.