Por unanimidad, el Pleno de la Corte emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad de diversas porciones de los 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua, que sancionan con seis meses a tres años de cárcel a la mujer que aborta voluntariamente, y solo permite interrumpir embarazos en casos de violación en los primeros noventa días de gestación.

Esta es la segunda sentencia del Pleno de la Corte que elimina directamente el delito de aborto en una entidad, luego de la dictada en septiembre de 2021 en el caso de Coahuila, que la primera en la que se declaró inconstitucional la penalización en toda etapa del embarazo.

El caso de hoy derivó de un amparo concedido en octubre de 2023 por la Primera Sala de la Corte, en favor de Rebeca Olivas Vázquez, que impugnó el Código de Chihuahua en abril de 2021.

Una vez otorgado este amparo, la Corte notificó al Congreso de Chihuahua para darle oportunidad de modificar su marco jurídico, pero como no lo hizo, se activó el proceso de declaratoria general.

El fallo de hoy provocará un vacío normativo sobre el tema, por lo que el Congreso estatal tendrá que legislar para aclarar el periodo durante el cual el aborto estará permitido, las nuevas sanciones penales para los casos en que seguirá prohibido, y demás detalles operativos.

La Corte reiteró su criterio de que existe un derecho Constitucional de la mujer para decidir si interrumpe su embarazo, pero matizando que el plazo máximo razonable es de doce semanas.

Además, que la penalización viola derechos humanos de las mujeres a la salud reproductiva, la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual, entre otros.

La Primera Sala de la Corte concedió, en agosto y septiembre de 2023, amparos para derogar los delitos de aborto en Aguascalientes y en el Código Penal Federal (CPF), en litigios de la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En el primer caso, el Congreso de Aguascalientes ya cumplió el amparo, pero para el CPF, el Congreso de la Unión lleva más de un año sin acatar la sentencia, por lo que el delito sigue vigente.

El amparo contra el CPF fue concedido con solo tres votos, por lo que no puede dar lugar a un proceso de declaratoria general, a diferencia del de Chihuahua, que fue por cuatro votos.

Estos amparos son los únicos en su historia en los que la Corte ha ordenado directamente la derogación de normas legales.

Cuando la Corte falló el caso de Coahuila lo hizo en una acción de inconstitucionalidad, medio que no pueden promover ciudadanos, no requiere actos de aplicación de la ley impugnada, y puede llevar a la invalidez total de la norma si se cuenta con el voto de ocho de los 11 ministros.