La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, así como otras cinco personas y siete empresas, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, detalla la FGR.

Detalló las operaciones delictivas por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.

En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.

La Fiscalía abundó que en la investigación se señala dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.

A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.