La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió una serie de irregularidades y actos de corrupción sistemáticos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que van desde extorsión a trabajadores hasta gastos injustificados con tarjetas corporativas por parte de sus comisionados.

Desde 2018, altos mandos del instituto han exigido a sus trabajadores entre 10 y hasta 60% de sus sueldos quincenales, según revelaron las investigaciones de la ASF.

Estos señalamientos fueron expuestos por la mandataria durante su conferencia matutina, un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la desaparición de siete organismos autónomos, incluido el INAI.

De acuerdo con la auditoría forense, se descubrió un esquema de nepotismo dentro del instituto, donde se identificaron múltiples lazos de parentesco entre empleados, incluyendo "padres, hijos, hermanos, primos, tíos y esposos".

La investigación, mostró Sheinbaum, reveló que estas contrataciones se realizaron omitiendo requisitos fundamentales para ocupar diversos cargos, llegando incluso a la adecuación de los perfiles de puesto para incorporar a personas que no cumplían con las cualificaciones necesarias.

La ASF documentó que los siete comisionados del INAI, incluidos los cuatro que se mantienen vigentes, "habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos".

La Cuenta Pública 2022 documentó diversas irregularidades en el manejo de viáticos y gastos, incluyendo cargos sin documentación soporte, falta de acreditación del registro presupuestal y contable, así como uso indebido de tarjetas corporativas.

La auditoría señaló la falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados, así como gastos sin justificar mediante la tarjeta corporativa.

Ayer, con 347 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la extinción de siete órganos autónomos. Entre estos, el INAI trasladará sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente conocida como Secretaría de la Función Pública.

La reforma constitucional aprobada también contempla la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Sheinbaum Pardo aseguró que la transparencia seguirá siendo una obligación sustantiva de los gobiernos, junto con la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

"Vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México", afirmó.

La Mandataria enfatizó que el cambio eliminará el gasto de mil millones de pesos que se destinaban al organismo autónomo, argumentando que no es necesario crear más organismos para supervisar a otros organismos.

"Para eso no requieres organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados", concluyó.

Durante el debate legislativo, que se extendió por cinco horas, surgieron voces críticas desde la Oposición.

La coordinadora del PAN, Noemí Luna, argumentó que fue gracias al INAI que se conocieron casos como la "Casa Gris" y el megafraude de Segalmex, mientras que el PRI advirtió sobre posibles afectaciones a la competitividad del país y el cumplimiento de acuerdos internacionales como el T-MEC.