Un tribunal federal rechazó concederle a un ex colaborador de Silvano Aureoles el beneficio de llevar su proceso en libertad por la supuesta contratación ilegal de 7 cuarteles de la Policía Estatal de Michoacán, que tuvieron un costo de más de 3 mil 412 millones de pesos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en esta capital resolvió que es infundada la queja que promovió Mario Delgado Murillo, ex delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, para que le concedieran el cambio de medida cautelar.

El fallo significa que el procesado continuará recluido en el Reclusorio Oriente de esta capital.

El pasado 7 de marzo la juez de control federal Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a Delgado y le impuso la prisión preventiva, porque consideró que existía el riesgo de que pudiera darse a la fuga.

El ex funcionario presentó un amparo para que le modificaran la medida cautelar, pero Jovita Vargas Alarcón, Juez Noveno de Distrito en Materia Penal, le otorgó una suspensión provisional sin ese alcance.

Alarcón sólo estableció en la suspensión que la libertad del procesado quedaría a su disposición y bajo la jurisdicción de la juez responsable del proceso, por lo menos hasta que resolviera la suspensión definitiva.

Es contra esa decisión que el michoacano presentó una queja, recurso que los magistrados del colegiado declararon infundado.

De acuerdo con el fallo del tribunal, no hay elementos para otorgar medidas cautelares ni riesgo inminente de afectación a una garantía constitucional, es decir, no se acredita lo que jurídicamente se denomina apariencia del buen derecho y peligro de demora.

Los magistrados también consideraron que los argumentos del ex funcionario atacan la inconstitucionalidad de la prisión preventiva y ese es un tema que debe resolverse en la sentencia del amparo y no en la suspensión.

"Así, las razones que adujo la juez de control para que permaneciera esa medida cautelar constituye un tema que debe analizarse al hacer el examen de constitucionalidad, lo que ocurre hasta el final del juicio y, por esa misma razón, no es desde ahora, en vía suspensional, que debe darse por supuesto que son inconstitucionales para dar el efecto restitutorio que el quejoso pretende", sentenció el tribunal.

"Lo que implica que es correcto que no pueda darse efectos restitutorios a esa suspensión para que el quejoso sea puesto en libertad -como incluso ahora lo alega en agravios-, o se le imponga una medida cautelar diversa, porque de la información con que se cuenta en este momento procesal no se advierte la apariencia del buen derecho en relación con el acto reclamado", añadió.

Delgado fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, junto con Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la SSP.