El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado su postura de no retirar el decreto de reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.

En un nuevo frente, Sheinbaum Pardo sentenció que ningún juez está por encima del pueblo.  

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del DOF esta publicación. Primero porque no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo; y tercero, porque es el Poder legislativo quien ordena al presidente la publicación en el DOF.

“No vamos a bajar la publicación y dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.

Ante esto, Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia, anunció que el Gobierno Federal presentará denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra jueces de Distrito que han otorgado amparos en contra de la reforma.

Godoy argumentó que estos jueces han actuado de manera "irregular" al conceder las suspensiones, obstaculizando la implementación de la reforma y "defendiendo los intereses de minorías privilegiadas".

“Tiene que revisar este consejo la actuación de los jueces de Distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios, criterios, su propia jurisprudencia y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien.

“Estos jueces de Distrito pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso”, sentenció Godoy Ramos.

La Consejera Jurídica no especificó cuántos jueces serán denunciados ni cuáles amparos en particular motivaron esta decisión. Sin embargo, enfatizó que el Gobierno Federal está comprometido con la defensa de la reforma judicial y que utilizará todas las herramientas legales a su disposición para garantizar su implementación.

La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante los últimos días de su mandato, ha generado una fuerte controversia en el país.

Diversos sectores, incluyendo jueces, magistrados, organizaciones civiles y partidos de oposición han manifestado su rechazo argumentando que atenta contra la independencia judicial y la división de poderes.

La principal crítica se centra en la introducción de elecciones populares para jueces y magistrados, lo que, según los detractores, podría politizar el Poder Judicial y comprometer su imparcialidad.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó claro que “no queremos que quede en la impunidad, que hay un antecedente de que una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de un cambio constitucional, establecido en la propia Constitución y que deriva en la voluntad del pueblo de México expresado en las urnas el 2 de junio de 2024”.

A pesar de las suspensiones otorgadas por jueces federales, que de manera temporal han frenado la implementación de la reforma, el gobierno federal se mantiene firme en su postura. Argumentan que la reforma es necesaria para combatir la corrupción y acercar la justicia a la ciudadanía.

Ayer, Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, dio 24 horas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López, de bajar la reforma al Poder Judicial.

El conflicto en torno a la reforma al Poder Judicial se ha convertido en un nuevo foco de tensión política en el País. La decisión del gobierno de no dar marcha atrás en su implementación prevé un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.