El Gobierno federal pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que, de ser posible, se soliciten al Poder Judicial nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa, que obtuvieron su libertad condicional el pasado sábado.

"Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación", anunció la Secretaría de Gobernación.

"Vamos a pedir a la Fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo Tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos".

El 20 de enero, la Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que ocho militares lleven en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.

La juzgadora fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos y ordenó su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del País.

En respuesta, la FGR informó que iniciará un procedimiento contra la jueza federal y contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, a quienes acusa de conceder ventajas indebidas y desconocer resoluciones de jueces para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados.

Esta tarde, el Gobierno federal suscribió la postura de la FGR y arremetió contra el Poder Judicial, al que acusó de tomar decisiones con base en criterios políticos, para dejar en la ciudadanía la percepción de que el Poder Ejecutivo protege al Ejército en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso", aseveró.

"Ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado, con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno protege al Ejército, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas".

La Segob denunció que el Poder Judicial utilizó "pretextos procedimentales y tecnicismos", sin ponderar los derechos de las víctimas.

Recordó que, en años anteriores, los jueces han liberado a 62 implicados en los hechos, con el argumento de que fueron torturados, pero sin castigar a los presuntos torturadores, como es el caso del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

"También intentaron dejar en libertad al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras dependencias del Gobierno", refirió.

"El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia".