En México, cerca de 16 mil personas murieron por accidentes viales, pero la cifra podría ser mayor porque los decesos no se clasifican bien, denunciaron las organizaciones El Poder del Consumidor, la Coalición Movilidad Segura y el Instituto del Sur Urbano.

Anualmente, la pandemia de muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito deja miles de decesos, en su mayoría de peatones, motociclistas y ciclistas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2022 se presentaron 15 mil 986 muertes por siniestros de tránsito, de los cuales alrededor del 70 por ciento corresponden a peatones, motociclistas y ciclistas, es decir, usuarios vulnerables de la vía.

Al respecto, Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, declaró que “existen condiciones legislativas y tecnológicas para asegurar que se fabriquen autos de mayor seguridad, que protejan tanto a ocupantes como a usuarios vulnerables de la vía, por lo que es imperativo dar pasos en la dirección adecuada para reducir muertes”.

“Es inaceptable que cada año sigamos con la misma trágica cifra de 16 mil muertes por siniestros viales. No podemos esperar, la voluntad política debe actuar cuando hay vidas humanas de por medio. Contamos ya con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial como instrumentos fundamentales para la mejora de la seguridad vial y vehicular en el país. Habría que recordar además que cuentan con un enfoque específico para la protección de los usuarios vulnerables, peatones, motociclistas y ciclistas”, explicó.

Las organizaciones civiles insistieron en que al mejorar la seguridad de los vehículos se protege de manera adecuada a todos los usuarios de la vía, incluyendo a los de mayor vulnerabilidad, además de que se atiende la imperante necesidad de democratizar la seguridad vehicular, debido a que desde hace décadas se comercializa en el país con vehículos con estándares de seguridad muy bajos y de alto riesgo para las personas.

Por lo anterior, solicitaron la actualización de la NOM-194 sobre dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos, además de la creación de otras normas específicas y complementarias de seguridad vehicular. Entre estas, la implementación de un etiquetado que informe a los consumidores del nivel de seguridad de un auto, haciendo de su conocimiento, si este podría o no protegerlo adecuadamente en caso de un choque.

El etiquetado de seguridad vehicular, con información imparcial e independiente que informe sobre el resultado de alguna prueba de desempeño en seguridad, es un derecho de las y los consumidores, quienes merecen estar lo suficientemente informados acerca de los riesgos que podría implicar la compra de un producto de baja seguridad, tanto para el o la usuaria como para su familia, destacó Stephan Brodizak.

Alejandra Leal, coordinadora nacional de la Coalición Movilidad Segura, resaltó que lo logrado con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial “es el resultado de la participación ciudadana y del enorme trabajo que la sociedad civil ha llevado a cabo durante muchos años, y ha permitido constituir las bases para el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial del país.

“En el corto y mediano plazo será fundamental que autoridades, sociedad civil y todos los sectores responsables sumen esfuerzos para consolidar la implementación de la estrategia, y sobre todo se gestionen y otorguen los recursos necesarios para la operación, ya que necesitamos que se garantice el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad”, puntualizó.