La Fiscalía General de la República (FGR) propuso archivar la averiguación previa iniciada por presuntas torturas a Mario Aburto, al no hallar elementos de delito contra diversos servidores públicos, entre ellos Manlio Fabio Beltrones y el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

La Fiscalía del caso Colosio, a cargo de Abel Galván Gallardo, propuso el pasado 21 de noviembre el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria 2080/94, sin embargo, Aburto presentó un recurso de inconformidad para tratar de revertir dicha determinación.

El "carpetazo" aún no ha sido autorizado por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, o por el Fiscal a quien delegue la facultad para firmar la determinación de la averiguación previa.

En caso de que la FGR autorice el no ejercicio de la acción penal, el magnicida todavía tendrá la posibilidad de presentar un amparo para intentar que continúe abierta la investigación.

Según registros judiciales, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que representa legalmente a Aburto, presentó una promoción al Juzgado Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, para exigir que la FGR presente el soporte documental suficiente de su intención de archivar la indagatoria.

La FGR basó su conclusión en el Protocolo de Estambul practicado a Aburto el 30 de septiembre de 2021, así como su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el análisis de las actuaciones relacionadas con su detención, el 23 de marzo de 1994.

En la denuncia, Aburto señaló que agentes de la entonces Procuraduría General de la República lo torturaron, junto con el entonces Gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por órdenes del presidente Carlos Salinas de Gortari.

La denuncia de Aburto a la CNDH dio lugar a que en septiembre de 2021 este organismo emitiera una recomendación a la FGR para investigar las supuestas torturas.

Con base en ese pronunciamiento de la comisión, en julio de 2022 la Fiscalía empezó a llevar a cabo diligencias en la misma averiguación previa abierta en 1994 por el magnicidio.

En febrero de 2023, los abogados Xavier Carvajal y Marco Antonio Macklis comparecieron en la Delegación de la FGR en Tijuana para declarar como testigos en la investigación por tortura.

Ambos acompañaron como defensores a Aburto, el día de su primera declaración.

Carvajal dijo a la prensa que esta indagatoria no era más que un distractor del Presidente Andrés Manuel López Obrador para perseguir a funcionarios de gobiernos anteriores, ya que le consta que Aburto confesó en su presencia ser el asesino.

Macklis, por su parte, refirió que en el interrogatorio le preguntaron sobre Beltrones y el entonces Procurador General de la República, Diego Valadés.

El 5 de octubre pasado, en la misma sentencia en la que invalidó la condena de 45 años de prisión a Aburto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, también ordenó indagar las supuestas torturas al asesino, ya que desde aquel año un juez instruyó indagar las vejaciones y no había evidencia de que así haya sucedido.

Después de año y medio de haber sido reabierto el caso, la FGR por ahora concluye que no tiene elementos para proceder penalmente contra nadie, por las supuestas vejaciones al magnicida.